El sector inmobiliario enfrenta retos importantes para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta ley, diseñada para prevenir el lavado de dinero, establece una serie de obligaciones específicas para quienes participan en actividades como la compra, venta o arrendamiento de bienes inmuebles. Sin embargo, el cumplimiento puede ser complicado debido a los altos volúmenes de transacciones, la diversidad de clientes y las complejidades administrativas que implica.