En el ámbito de cumplimiento normativo, la eficiencia en el envío de avisos antilavado es crucial para las empresas y profesionales que están obligados a reportar actividades sospechosas o transacciones de alto riesgo a las autoridades mexicanas. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) exige que ciertas actividades vulnerables, como las realizadas por empresas de bienes raíces, notarios y casas de cambio, presenten avisos periódicos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT. Sin embargo, este proceso puede ser complejo y requiere precisión en los datos y cumplimiento de tiempos específicos.