La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser blanco de sus ataques.
En medio de la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero y el recrudecimiento de las medidas anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para frenar el blanqueo de capitales, el cumplimiento de la llamada Ley Antilavado sigue siendo marginal y solo el 20% de los sujetos obligados tienen capacidad para cumplirla en tiempo y forma. ¿Los motivos? El desconocimiento de la ley y de su reglamento, así como la falta de recursos humanos y tecnológicos.
El saldo es el blanqueo anual de un estimado de 50,000 millones de dólares, los cuales llegan al mercado lícito a través de individuos, organizaciones o redes internacionales con el apoyo de áreas de contabilidad, asesoramiento financiero y creación de empresas fachada.
De acuerdo con Grupo Egmont, que agrupa a 164 unidades de inteligencia financiera de diferentes países incluyendo México, estos particulares o grupos delincuenciales usan una ruta de tres fases para lavar el dinero. La primera, implica la recaudación de fondos ilegales (electrónicos o físicos) mediante empresas fachada; la segunda, se basa en la dispersión de esos recursos a través del manejo de efectivo, de cuentas bancarias o activos virtuales; y la tercera, en el depósito de esos capitales en diferentes esquemas, en la devolución a los criminales o a sus socios, o en la inversión en bienes raíces o ciertos negocios.
“Para revertir el panorama se requiere conocimiento, capacitación y compromiso de empresas y particulares obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado; las empresas y los particulares deben conocer las particularidades de ese delito y estar conscientes de la importancia del cumplimiento de la Ley”, dice el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director general de Consultoría en Actividades Vulnerables, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde 2013 México tiene una Ley Antilavado. Su objetivo es blindar al sistema financiero y a los particulares que realizan 16 actividades económicas consideradas vulnerables, entre las que destacan las acciones de inmobiliarias y constructoras, la comercialización de joyas y vehículos, los servicios de outsourcing, préstamo mutuo, etcétera.
Quienes realicen dichas actividades están obligados a identificar a clientes y usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión marcada por la ley y a presentar avisos periódicos ante el SAT sobre las operaciones realizadas por estos. Además, deben resguardar la información durante cinco años. El incumplimiento implica sanciones económicas o incluso cárcel.
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