El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha afirmado que México ha avanzado en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El grupo advirtió que existen varios puntos en cuanto a las posibilidades de México para seguir avanzando en estas tareas, tales como la creación de una estrategia que puedan ejecutar las autoridades aduaneras para abordar las operaciones transfronterizas relacionadas con el lavado de dinero.
A nivel mundial, hay instituciones que evalúan los riesgos de explotación delictiva tanto en tecnología financiera, como en medios tradicionales. Se afirma que el gobierno México ha avanzado sobre todo en la reducción de las transacciones espejo, a través de las casas de cambio sin licencia, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha generado y puesto en acción reglamentos dentro de la ley antilavado y estrategias para evitar el funcionamiento ilegal de este tipo de empresas.
Dentro de las investigaciones internacionales es clave también la identificación de métodos para el lavado de dinero, por lo cual se ha recomendado a las autoridades del país e instituciones bancarias tener cuidado con la estructuración de depósitos y las cuentas embudo, ya que es a través de estas dos metodologías por las cuales se blanquea un buen porcentaje de efectivo al año.
Una de las principales preocupaciones es el lavado de dinero a través del servicio de compra-venta inmobiliaria de lujo, ya que este es un sector que se encuentra catalogado como una de las actividades vulnerables para la prevención de lavado de dinero. Esta actividad vulnerable es uno de los principales medios que son objetivo para el blanqueamiento de recursos obtenidos por la corrupción. En este sentido se ha exhortado a los dueños beneficiarios de negocios dentro de esta actividad estar al pendiente de las operaciones vulnerables.
Si tu negocio inmobiliario o de bienes raíces no ha sido dado de alta en las actividades vulnerables, es necesario que estés al tanto de la ley antilavado en México para obedecer con las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.
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