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Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades federativas de México. Sin embargo, desde su establecimiento, estas unidades han enfrentado desafíos significativos que han impedido su pleno funcionamiento y éxito.

A pesar de que han pasado más de diez años desde su creación, las UIPE han mostrado deficiencias en áreas clave como el reclutamiento de personal, la capacitación, el financiamiento y la falta de indicadores adecuados para evaluar su desempeño. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha señalado que la ausencia de resultados se debe a problemas en el diseño, implementación y evaluación de esta política pública.

Una de las críticas más importantes es la falta de transparencia por parte de las UIPE y las instituciones a las que están adscritas. La información sobre las acciones de estas unidades es limitada, lo que hace que sea difícil determinar si son operativas y si están teniendo un impacto real en la lucha contra el lavado de dinero.

El ONC también ha resaltado que, aunque se han creado UIPE en todas las entidades federativas, todavía queda mucho trabajo por hacer. Esto incluye el reclutamiento y capacitación de personal, así como la necesidad de un financiamiento adecuado para que estas unidades puedan operar eficazmente.

En términos de financiamiento, se ha observado una disminución significativa en los recursos asignados a las UIPE entre 2021 y 2022. Esto plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de estas unidades a medida que buscan cumplir con sus responsabilidades.

El ONC ha subrayado la importancia de abordar estos desafíos como oportunidades para mejorar la política y las prácticas relacionadas con las UIPE. Esto podría implicar una revisión completa del diseño y la implementación de estas unidades, así como una mayor inversión en recursos humanos y financieros. Si se implementan cambios significativos, las UIPE podrían convertirse en un componente efectivo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México.

LEY ANTILAVADO

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