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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de las personas morales (empresas) de verificar si sus clientes, proveedores o cualquier persona con la que se relacionen, son personas políticamente expuestas (PEP).

Una PEP es una persona que, por su cargo o función pública, tiene la capacidad de tomar decisiones que puedan influir en la administración de recursos públicos o privados, y cuyo comportamiento puede ser objeto de escrutinio público. Esto incluye a altos funcionarios del gobierno, líderes de partidos políticos y organizaciones internacionales, y sus familiares cercanos o colaboradores.

Para cumplir con esta obligación, se recomienda que las empresas implementen un programa de debida diligencia que incluya la revisión de listas actualizadas de PEP, proporcionadas por autoridades competentes. Estas listas suelen estar disponibles en las páginas web de los organismos encargados de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Además, se recomienda que las empresas establezcan procedimientos claros para la identificación de PEP y sus familiares cercanos, la revisión de su historial y el monitoreo continuo de su comportamiento en caso de mantener una relación comercial con ellos.

Es importante tener en cuenta que la identificación de una persona como PEP no implica necesariamente que esté involucrada en actividades ilícitas. Sin embargo, las empresas deben estar alertas a cualquier actividad sospechosa o inusual que pueda indicar la posible participación en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

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