¿Qué dice la ley antilavado sobre el préstamo mutuo?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que el préstamo mutuo, al igual que otras operaciones financieras, puede ser considerado una “actividad vulnerable” si se otorgan bajo ciertas condiciones. Esto significa que el acto de otorgar préstamos o créditos a personas físicas o morales puede quedar sujeto a las regulaciones de la ley antilavado, dependiendo de los montos involucrados.

De acuerdo con la LFPIORPI, las entidades que realizan operaciones de préstamo, ya sea de forma habitual o esporádica, pueden ser consideradas como sujetos obligados. Es decir, aquellos que deben cumplir con las disposiciones de la ley, que incluyen la obligación de:

Identificar al cliente: Verificar la identidad de la persona o entidad que recibe el préstamo, incluyendo la información básica como su nombre, domicilio y actividad económica.

Monitorear las operaciones: Establecer mecanismos para identificar transacciones inusuales o sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero.

Presentar avisos: Si el préstamo supera el umbral determinado por la ley (actualmente, 1,605 Unidades de Medida y Actualización, UMA), el sujeto obligado debe presentar un reporte ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para el año 2025, este umbral es de aproximadamente $181,693.70 MXN.

El préstamo mutuo y su vínculo con el lavado de dinero
Aunque la ley no prohíbe otorgar préstamos de manera directa, se requiere que los sujetos obligados (entidades financieras, empresas, instituciones de crédito, entre otros) tomen medidas para asegurarse de que las transacciones sean legítimas. Si el préstamo se utiliza como una forma de ocultar recursos de origen ilícito, el acto de préstamo puede ser considerado parte de las actividades de lavado de dinero.

En consecuencia, cualquier entidad que otorgue préstamos y que esté considerada como un sujeto obligado debe cumplir con la ley antilavado. Esto implica que debe establecer mecanismos de prevención para evitar ser utilizada como vehículo para actividades ilícitas, siguiendo procedimientos que incluyen la debida diligencia, el reporte de transacciones inusuales y la cooperación con las autoridades si se detecta alguna irregularidad.

Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones graves, que van desde multas hasta la revocación de licencias o permisos operativos. Por lo tanto, las empresas o individuos que realicen operaciones de préstamo deben estar al tanto de las implicaciones legales y asegurarse de que sus procesos cumplan con la LFPIORPI para evitar riesgos legales y financieros.