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En la actualidad, la compra de vehículos con efectivo se ha vuelto un tema de atención especial para las autoridades, especialmente en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta normativa establece limitaciones estrictas sobre el uso de efectivo en transacciones significativas, y aquellos que no cumplan con estas regulaciones pueden enfrentar sanciones financieras severas.

Según el Artículo 53 de la LFPIORPI, rebasar los límites de efectivo al adquirir un automóvil puede acarrear multas considerables. Estas sanciones se escalonan según la gravedad de la infracción y pueden variar desde un mínimo de 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) hasta un máximo de 65,000 UMAs. En términos monetarios, esto equivaldría a un monto mínimo de aproximadamente 463,664 pesos y un máximo de alrededor de 3,013,818 pesos.

Además, las sanciones también pueden calcularse como un porcentaje del valor total de la transacción, lo que puede resultar en una carga financiera aún mayor para los infractores. Este porcentaje puede oscilar entre el 10% y el 100%, dependiendo de la evaluación de las autoridades.

Es esencial comprender estas regulaciones y sus implicaciones para evitar consecuencias financieras adversas. Por lo tanto, tanto los compradores como los vendedores deben estar al tanto de los límites establecidos por la LFPIORPI al momento de realizar transacciones que involucren efectivo.

El incumplimiento de estas regulaciones no solo puede resultar en sanciones financieras significativas, sino que también puede acarrear consecuencias legales adicionales. Por lo tanto, es fundamental que todas las partes involucradas en transacciones de este tipo estén debidamente informadas y cumplan con las disposiciones de la LFPIORPI.

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