Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley […]
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley […]
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.
La Unidad de Medida y Actualización, mejor conocida como UMA, es un referente económico en México utilizado para calcular obligaciones y pagos diversos, tales como multas, créditos y otras disposiciones legales. La UMA se establece anualmente y tiene un impacto significativo en la economía, ya que influye directamente en los límites de transacciones en efectivo que pueden realizarse sin generar alertas en el sistema financiero.
En México, el manejo de efectivo es una práctica común en muchas empresas, especialmente en aquellas de sectores como el comercio minorista, la construcción y la venta de bienes raíces, donde las transacciones en efectivo pueden ser frecuentes. Sin embargo, el uso de efectivo trae consigo riesgos significativos, tanto para el cumplimiento normativo como para la seguridad financiera de las empresas. A continuación, analizamos los principales riesgos y desafíos que enfrentan las empresas que realizan operaciones en efectivo y cómo pueden asegurarse de cumplir con las normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Las tendencias actuales en el desarrollo de tecnología antilavado de dinero giran en torno a la inteligencia artificial, el machine learning y la automatización de procesos. Estas tecnologías han transformado el enfoque en la detección y prevención de actividades sospechosas, proporcionando herramientas más precisas y eficientes para las empresas.
En México, las visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son un instrumento clave para el control y supervisión de las Actividades Vulnerables. Dichas visitas son llevadas a cabo por las autoridades competentes con el objetivo de verificar que las personas físicas y morales que realizan estas actividades cumplan con sus obligaciones en cuanto a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La extinción de dominio es un instrumento jurídico clave en México para combatir el crimen organizado y otros delitos graves, permitiendo al Estado recuperar bienes que han sido utilizados como instrumento, objeto o producto del delito. A través de este procedimiento, el Estado busca privar a los delincuentes de los recursos que financian sus actividades ilícitas, aunque no se haya establecido responsabilidad penal contra una persona. Este mecanismo está regulado principalmente por la Ley Nacional de Extinción de Dominio y encuentra su sustento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El marco jurídico para la prevención del lavado de dinero en México está compuesto por diversas disposiciones que establecen las obligaciones y responsabilidades de personas físicas y morales que realicen Actividades Vulnerables, con el fin de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Estas disposiciones están contenidas principalmente en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento, y otras normativas complementarias.